Música para disfrutar
FELICIDADES

El pasado martes 13 de octubre tuvimos la visita de La Luna Variette (Lean, Bernardeth, Jean Pierre y Andrea), quienes se prestaron con su buena onda característica, para interpretar en este caso un cuento de Roberto "el negro" Fontanarrosa: "Uno nunca sabe".
Les dejamos imágenes de ese momento:




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Entre sus intgrantes estan Leandro Arancio Andrea Barril Bernardette Andreoli Juan Carlos Torrens Jean Pierre Elizabeth Anchorena
Les dejamos un Video de ellos para que lo disfruten

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Opinión
Una escuela para los jóvenes
Los anuncios sobre la nueva secundaria en la provincia de Buenos Aires son auspiciosos. El cambio, que comenzó en 2006 con la creación de la Secundaria Básica a partir del ex tercer ciclo de la EGB y se plasmó en la Ley de Educación Provincial 13.688 de 2007, continúa a paso firme. Volver a hablar de secundaria es un punto de partida imprescindible para reconstruir una larga tradición educativa que la Argentina tuvo durante el siglo XX.
Ahora es el turno de terminar definitivamente con el polimodal. Recuperar la escuela técnica, el bachillerato y sumar a éstas nuevas propuestas pedagógicas como artes y educación física resulta un cambio fundamental para promover la inclusión de más alumnos. La transformación curricular que se iniciara con la Secundaria Básica ahora se completa con una renovación de los últimos años, el ex polimodal. Este aggiornamiento debe permitir un debate pedagógico amplio para que podamos centrarnos en cómo enseñar más y mejor, garantizando así los derechos de los adolescentes y jóvenes al acceso a la cultura, con una formación sólida y exigente, pero que no se traduzca en expulsión y selección.
Para ello el Estado deberá invertir en ampliar y mejorar las condiciones edilicias y la cobertura de cargos docentes, que devendrá en una ampliación de las fuentes de trabajo para los profesores. En este sentido, resulta fundamental que el cambio se realice contemplando la formación de los docentes, lo que saben enseñar y para lo que fueron formados, sin realizar reconversiones y “reciclajes” que tanto daño hicieron durante los ’90.
Queda el desafío de cambiar algunas viejas tradiciones anquilosadas para profundizar el carácter democrático de la nueva escuela secundaria: por un lado, mejorar las condiciones de convivencia en la escuela sin necesidad de un régimen autoritario y anacrónico como el de las amonestaciones. Está demostrado que mayor rigidez no es sinónimo de mejores condiciones de convivencia, sino al contrario. El camino de los acuerdos de convivencia y consejos integrados por docentes, padres y alumnos requiere ser mejorado y profundizado como modelo democrático de participación y decisión comunitaria. Lo mismo ocurre con la creación de centros de estudiantes.
Por otro, es preciso discutir profundamente los criterios de promoción para que la repitencia no se consolide como una de las causas principales de abandono. Sostener el viejo esquema de un máximo de dos materias pendientes como parámetro para la promoción es poner el acento sobre lo que no se aprendió, cuando las otras nueve o diez materias sí se aprobaron. Es posible pensar nuevos modos de recuperar las asignaturas pendientes sin necesidad de volver a cursar un año completo, con lo que eso implica para los alumnos y para la escuela.
La nueva secundaria tiene que hacer eje en los sujetos, es decir, en los jóvenes y adolescentes y su realidad cotidiana. Las culturas juveniles deben ser parte del proyecto educativo de las escuelas. Debemos garantizar el espacio para que los alumnos y las alumnas se apropien de la experiencia escolar y para ello, materias como Construcción de Ciudadanía resultan imprescindibles. Es necesario dejar de lado miradas conservadoras y comprender los códigos culturales de los jóvenes.
* Asesor de la Comisión de Educación de Diputados. Ex director provincial de Educación Secundaria bonaerense (gestión 2005-2007).
Fuente: Página 12

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OPINION
Estadísticas de un país diferente
Como sostiene el Indec en una nota publicada ayer en este diario, casi nadie cuestiona que desde 2004 hasta mediados del 2007 asistimos a un mejoramiento lento y desproporcionado de la situación de los más humildes. Lento y desproporcionado, debido al desfasaje entre los niveles de crecimiento de la economía “a tasas chinas” y la relación asimétrica entre los ingresos más altos y los más reducidos de la población que no han variado sustancialmente. Pero esto es motivo de otro debate. Lo que está en discusión aquí es si, en estos dos últimos años, se ha producido un retroceso o no en la calidad de vida de los que menos tienen, que continúan conformando un núcleo duro de pobreza que, aun en las cifras más optimistas, no baja del 10-15 por ciento de la población.
La visión de la realidad de los “expertos” de nuestro movimiento es la de miles de compañeras y compañeros que a lo largo y ancho del país han asistido a una muy importante suba de precios en estos dos años, que en los productos esenciales como la leche, el pan, las verduras, el aceite y los útiles escolares va de 60 a 100 por ciento.
El aumento del costo de la vida diaria es una verdad irrefutable al menos para la mayoría del pueblo. Esta “canasta de percepciones”, como les gusta descalificar a muchos, es más cara y no ha sido contrarrestada con saldo positivo ni por el aumento de jubilaciones y salarios de los sectores que menos tienen, que en el mejor de los casos llegan al 40 por ciento, ni por la publicación de las estadísticas que lejos están de reflejar nuestra realidad. Claudio Comari (director de la EPH del Indec) explica en su nota que el haber medio de un jubilado es de 860 pesos. Aunque la comparación con el haber de 2003 arroje un importante aumento, esto no significa que se haya elevado por encima de la línea de pobreza, en un país que en estos años vio crecer su PBI un 50 por ciento.
La disminución de las changas y el trabajo informal se hizo extendida y evidente a lo largo de 2008, a lo que debemos agregarle una disminución de salarios informales por igual tarea. “Es lo que hay”, dice el patrón supuestamente para evitar despidos, que en muchos casos igual llegan.
Evidentemente estamos hablando de universos distintos, de países diferentes. Hay un país en el que habitan diez millones de pobres que no se miden por lo que pagan o no pagan en la AFIP, que no cobran el promedio de 3581 pesos del sector público ni los 2948 pesos del sector que figuran en las estadísticas del Indec, que se siguen atendiendo en los hospitales públicos vaciados –y en muchos casos arancelados– de los conurbanos de las grandes ciudades, y que en las escuelas del barrio continúan recibiendo una educación pública que no cuenta con los recursos indispensables para apuntalar el tremendo esfuerzo que a diario hacen decenas de miles de docentes.
La extensión durante el gobierno de Duhalde de los planes de 150 pesos no alcanzó para sacarnos del infierno, las pensiones y jubilaciones ampliamente otorgadas, de 2005 a la fecha, han reemplazado con límites aquel subsidio y nos dejó en un purgatorio al que no nos resignamos. Poco suma a la justicia social esgrimir como bandera “bajamos 3 por ciento la pobreza”, evidenciando una distancia abismal entre los escritorios y las tablas de cálculo y la realidad.
* Coordinador Nacional Movimiento Barrios de Pie.
Fuente: Página 12

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Zanola: "Vamos a resistir la intervención"
El titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, afirmó que su gremio va "a resistir la intervención" si la Justicia así lo decidiera y aseguró que "están dadas las garantías" para realizar las elecciones el 8 de octubre.
"No tenemos ningún intento de no hacer un proceso democrático. Todas las garantías están dadas y la otra lista ha buscado por todos los medios interferir el proceso y ha planteado a la jueza la necesidad de una intervención", sostuvo Zanola.
En el marco de un plenario de secretarios generales de la Asociación Bancaria, Zanola ofreció una conferencia de prensa en la que llamó a que "en caso de intervención tomemos todas la sedes de la Asociación Bancaria".
"No es una posición de patotero, es la posición de una organización que quiere defender y que quiere tener comicios libres", sostuvo Zanola, quien insistió que "vamos a resistir la intervención".
Consideró que "el sentido común hará que se arbitren todos los recursos para que el día 8 de octubre podamos los bancarios votar en paz y en orden con democracia".
La jueza laboral Liliana Tarbuch, a pedido de una lista opositora del gremio, resolvió suspender las elecciones en la bancaria que estaban previstas para el 23 de septiembre.
La magistrada dispuso, además, mantener al frente del sindicato hasta el próximo mes de febrero a las actuales autoridades del gremio.
La jueza mandó, además, que se ordenen los padrones de afiliados, ante las quejas por presuntas "irregularidades" expresadas por quienes promovieron la demanda.
La causa en la que se adoptaron las medidas es una acción de amparo iniciada por el dirigente Raúl Fontana.
Entre las medidas tomadas por la magistrada figuran la normalización del suministro, confección y difusión de los padrones para las elecciones y la suspensión del acto para la renovación de las autoridades de la Asociación Bancaria.
Tarbuch resolvió que las actuales autoridades "continúen en el ejercicio de su mandato hasta el 26 de febrero de 2010, período dentro del cual deberá tener lugar la convocatoria y celebración" de los comicios.
Fontana había denunciado que el presidente de la Junta Electoral, Oscar Cancelliaro, "habría incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público, con menoscabo de sus posibilidades electorales".

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El debate que se armó alrededor de la llegada de una computadora por chico en el sistema educativo uruguayo eludió el tema de fondo. Unos dijeron que era la llave para el aprendizaje y otros las relativizaron, como el ministro de educación argentino, Alberto Sileoni, para quien las computadoras "no hacen del sistema educativo un paraíso".
Pongamos a las computadoras en contexto. Por sí solas no harán que los niños uruguayos aprendan más, rindan mejor en la escuela, y sean mejores ciudadanos. Son un medio y no un fin en sí mismo, pero expresan la mejora en la calidad educativa que Uruguay está teniendo en relación con la Argentina. La realidad es que en todos los rubros de la educación primaria que son evaluados, los chicos uruguayos tienen mejor desempeño que los argentinos.
La Unesco viene realizando una ambiciosa evaluación comparativa de resultados educativos entre chicos de 16 países de América latina. La primera, conocida como Prirce, se hizo entre 1996 y 1998, y la segunda, Serce (Segunda Evaluación Comparativa), terminó en el segundo semestre de 2008. Participaron en ella más de 100.000 estudiantes de tercer grado de la escuela primaria y 95.000 de sexto grado, que representan a un conjunto de 21 millones de niños latinoamericanos. Estos estudios son realizados por el Laboratorio de Evaluación de la Calidad Educativa (Llece) y se centran en evaluar el desempeño en matemática, lenguaje (lectura y escritura) y ciencias naturales.
En la evaluación de 1996-97 la Argentina ocupaba el segundo lugar detrás de Cuba, pero diez años más tarde aparece en el sexto lugar detrás de Cuba, Costa Rica, Chile, Uruguay y México. Primera conclusión: los niños argentinos retroceden. Segunda conclusión: los niños uruguayos rinden mejor que los argentinos. De paso, el único país que se despega con rendimientos sobresalientes es Cuba. Por ejemplo, en matemática de tercer grado los cubanos son los únicos con una puntuación significativamente superior al promedio. Por encima del promedio están los niños chilenos, costarricenses, mexicanos y uruguayos. En el promedio aparecen los argentinos, junto con los brasileños y los colombianos.
Las comparaciones son odiosas, pero a veces resultan necesarias. El desempeño se mide en cinco niveles: por debajo a 1 (el peor), 1, 2, 3 y 4 (el mejor). En matemática de tercer grado los niños argentinos "debajo de 1" son un 10,4 %, y los uruguayos, un 5,7 %. En el nivel 4, los argentinos son un 10,7 % y los uruguayos un 18,9 %. En matemática de sexto grado ocurre lo mismo: los argentinos "debajo de 1" suman 1,5 % y los uruguayos un 0,6 %, mientras que en el nivel 4 los argentinos son un 36 % y los uruguayos un 40 %. En lectura de sexto grado es igual: los argentinos "debajo de 1" representan un 1,8 % contra un 0,4 % de los uruguayos, mientras que los argentinos en el nivel 4 son un 19 % y los uruguayos un 29,4 %.
El peor desempeño de los niños argentinos se produce en la evaluación de ciencias en sexto grado. En este caso, la Argentina aparece en el grupo de los países de menor rendimiento junto con El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Si se suman los niveles 2, 3 y 4, un 66 % de los niños uruguayos se encuentran comprendidos en ellos, contra un 56 % de los argentinos.
Según la Unesco, los factores asociados al rendimiento de los niños son: el clima escolar, los recursos escolares, y la segregación escolar. Entre los recursos se puede anotar a la cantidad de libros en biblioteca, los años de experiencia del docente, y todo lo relativo a infraestructura. Allí caerían las computadoras de la discordia.
Fuente: La Nación
De paso les dejamos un video musical para que disfruten: la banda es San Camaleon y el tema La venganza de la pachamama.
EE.UU. y Brasil condenaban el terror sembrado por el régimen; crecía el rumor sobre el allanamiento a la embajada que alberga a Zelaya
Los golpistas redoblan la represión en Honduras
Según denunciaron organizaciones de derechos humanos, ayer tres personas murieron –dos adultos y una niña de ocho años–, más de 300 fueron detenidas y al menos 35 se recuperaban en el hospital. Preocupación por la situación humanitaria.
Al caer la noche en Tegucigalpa, la preocupación crecía dentro de la embajada brasileña y los alrededores. Durante horas, dirigentes de derechos humanos, como Bertha Oliva, presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, intentaron convencer a los militares para que los dejaran pasar con comida y agua. Les mostraron las bolsas a los soldados, pero la respuesta fue siempre la misma: “Aquí no pasa nadie”. El lugar estaba totalmente rodeado; no había manera de entrar y alcanzarles ayuda a las 313 personas refugiadas en la embajada brasileña. La noche anterior la dictadura les había cortado la luz y el agua a Zelaya y su gente y ayer, con el aluvión de los simpatizantes que huyeron de la represión, la situación se volvía crítica. Al cierre de esta edición, el gobierno de facto informó que un contingente de la ONU había logrado ingresar alimentos y agua en la embajada brasileña.
La preocupación por la situación humanitaria se sumaba al clima de miedo. Los rumores sobre un allanamiento a la embajada brasileña crecían con las horas entre los zelayistas y los medios locales afines a la resistencia popular. Desde el gobierno de facto se negó reiteradas veces, pero igual Zelaya les pidió a su hija (embarazada de ocho meses), su madre, su suegra y su nieta que se fueran. Los principales líderes de la resistencia, que habían corrido a la sede diplomática el lunes, no bien se enteraron de la llegada del presidente derrocado también saltaron el muro ayer por la tarde y escaparon en medio del toque de queda. Ayer al atardecer, los golpistas, por presión de la embajada norteamericana en Tegucigalpa, permitieron la salida de la mayoría de los 260 zelayistas que se resguardaron en la embajada brasileña tras la represión de la mañana. Veinticuatro horas después de su vuelta al país, los medios hondureños adictos a la dictadura mostraban una foto de Zelaya cansado y solo.
“No sólo es con el presidente. Nos están tratando a todos como criminales”, se quejó Oliva, después de rebotar en el quinto retén militar. Fue un día largo para ella. Comenzó recorriendo los hospitales y los barrios periféricos a la mañana y a la tarde se puso al frente de la misión de brindar ayuda humanitaria a Zelaya y su entorno.
“Lo que vimos es de un salvajismo total. Una niña de ocho años con el brazo quebrado y dirigentes sindicales con la cabeza abierta en el hospital, y al estadio en Villa Olímpica (un barrio en las afueras) lo convirtieron centro de detención. Vimos a más de 150 personas detenidas, sin orden del juez o acusación”, relató la defensora de derechos humanos. También denunció que la policía allanó decenas de casas en la capital y sacó a la rastra a maestros y dirigentes sindicales, que participaron de las manifestaciones y huelgas en reclamo por la vuelta de Zelaya.
Desde adentro de la embajada brasileña, Zelaya llamó a mantener la calma para no dejar morir la resistencia democrática. “Este pueblo tiene que ponerse de pie para exigir el diálogo”, reclamó, con voz cansada, en diálogo telefónico con la cadena Telesur. Para el diputado liberal y amigo de Zelaya Javier Hall, el presidente legítimo está decidido a no abandonar su plan original.
“Mel contaba con que hoy íbamos a contar con medio millón de personas y que ése sería un mensaje suficientemente poderoso para abrir un diálogo con los golpistas”, le dijo a este diario el dirigente liberal, tras dejar la embajada brasileña ayer por la tarde. “No voy a mentir y decir que no nos preocupamos cuando nos despertamos con el olor de las bombas lacrimógenas. Pero Mel siempre mantuvo su ánimo y nos pidió que confiáramos en Dios”, agregó.
Hall contó que dejó la embajada porque su esposa está enferma y no la quería dejar sola dos días. En realidad, admitió, porque cree que la situación no se va a solucionar tan pronto. “Conozco a Micheletti hace más de 60 años –mis padres fueron los padrinos de su primer matrimonio y crecimos juntos– y sé que hay sólo dos formas de que ceda: pierde el completo apoyo de los empresarios y las fuerzas armadas o lo sacan por la fuerza”, pronosticó. Después de casi tres meses de dictadura, la primera opción le parece cada día más improbable; la segunda, le da miedo.
Oyarbide dispuso el secreto de sumario
El juez federal Norberto Oyarbide confirmó que dispuso el secreto de sumario en la causa en la que investiga la adulteración y tráfico ilegal de remedios y reiteró que "en quince o veinte días", comenzarán las indagatorias a los involucrados en la investigación.
Fuente: Página 12
Uruguay aseguró que Botnia no contamina
Montevideo rechazó la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, en materia de la contaminación del aire producida por la papelera finlandesa Botnia, cuya producción, aseguró, no afecta a los niveles de
calidad de agua del río Uruguay.
Por su parte, el embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Gianelli, representante de su país en este litigio afirmó que Botnia, en funcionamiento desde noviembre de 2007, "no ha causado ningún perjuicio al río ni a su vida acuática".
Gianelli aseguró que su comitiva presentará "informes independientes" que revelan "muy claramente" que la pastera cumple a rajatabla las reglas internacionales y locales de medio ambiente.
La Argentina acusa a su vecino de causar daños ecológicos irreparables y de violar el estatuto de 1975 sobre el uso compartido del río Uruguay al no haberle informado de sus planes de construcción de la fábrica finlandesa, exigiendo ahora su cierre.
Montevideo "concede una gran importancia al estatuto, que no ha violado desde ningún punto de vista", afirmó Gianelli, asegurando además que su país ha "provisto una cantidad impresionante de información medioambiental y sobre la fábrica a Argentina".
El embajador prometió una "respuesta integral" a las "tentativas" argentinas de hacer creer que la planta no habría obtenido la autorización para ser construida en "un país desarrollado".
Concretamente, a la acusación de la Argentina de que Botnia ha provocado la aparición de algas tóxicas en el río, Gianelli replicó que su "proliferación no se debe" a la fábrica, sino a un "fenómeno corriente durante el verano".
En cuanto a la denunciada presencia de dioxinas - sustancias químicas nocivas -, defendió que se "trata de un nivel tan bajo que la tecnología más moderna no puede detectarla".
"Es la fábrica adecuada en el lugar correcto, en un río que es más que capaz de soportar el desarrollo de este tipo de actividad económica", remarcó por su parte Alan Boyle.
"No se ha hallado un solo caracol ni un solo bígaro muerto en el río", sentenció.
La Argentina demandó en 2006 a Uruguay por su proyecto de construir dos fábricas de pasta de celulosa en el río fronterizo. Actualmente, la planta de Botnia, ubicada cerca del puerto de Fray Bentos, está en funcionamiento con una capacidad anual de un millón de toneladas.
La segunda planta no llegó a ver la luz porque su responsable, la española Ence, vendió su proyecto al finlandés Stora Enso y al chileno Arauca, que planean construir una fábrica más al sur, en Punta Pereira (Colonia).
Durante la primera audiencia uruguaya, en la que la delegación declinó hacer declaraciones a la prensa, Gianelli arremetió además contra el gobierno argentino por "tolerar abiertamente" el bloqueo permanente del puente fronterizo General San Martín, cortado en el verano de 2006 por vecinos de Gualeguaychú.
El cierre "ha provocado centenares de millones de dólares de perjuicios económicos a Uruguay", deploró el embajador, cuyo país solicitó en vano a fines de 2006 a la CIJ que ordenara su reapertura.
En julio de ese año, la Corte también desechó una petición de la Argentina de que dictara la suspensión de las obras de Botnia como medida cautelar.
La próxima semana, ambas partes dispondrán de dos días cada una para rebatir los alegatos de la otra, hasta el viernes 2 de octubre. El fallo del tribunal, que tiene por costumbre - no por regla -, dictar sentencias conciliadoras entre las partes, no es esperado hasta entrado 2010
Fuente: Página 12
Nucleados en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en 2004 suscribieron 21 puntos cuyo contenido se convirtió en símbolo de todos los debates en esta materia.
Este esel trabajo colectivo, producto de extensas jornadas de diálogo y consensos:
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
Un abogado impulsó una "acción de clase" por la cual exige un embargo de $2.000 millones a la Presidente y el Estado en resarcimiento a la gran cantidad de damnificados por consumir remedios adulterados.
Además de los puntos tratados en el últimoCon accion de clase nos referimos a una figura creada por la Corte Suprema para que una sentencia tenga efectos en todos los ciudadanos que padecen un mismo problema, sin necesidad de tener que iniciar un juicio.
Dalbón exige 2.000 millones de pesos como resarcimiento por la cantidad de damnificados que han consumido medicamentos adulterados, produciéndole a estos graves daños a su salud.
La presentación fue realizada ante el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, quien investiga a Néstor Lorenzo, dueño de Laboratorios San Javier, por su presunta responsabilidad en la fabricación y distribución de drogas adulteradas.
El abogado entiende que la Presidenta y el Estado tienen que ser embargados preventivamente por lo menos hasta cubrir esa cifra.
Bruzzone Sergio, Javier
Un chico en la tormenta

15:19 › LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
Rossi confía en lograr dictamen esta tarde
El titular de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, destacó que la decisión "sabia" de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de inhabilitar a las telefónicas para ingresar al mercado de la televisión por cable "allana muchísimo el camino" en el Congreso, y expresó su confianza de que "sobre el final del día" se pueda lograr dictamen sobre el proyecto. El plenario de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión, retomó el debate.
El diputado santafesino dijo que el oficialismo presentará un proyecto de despacho, que "será debatido y si hay consenso y niveles de acuerdo sobre el final del día puede llegar a tener dictamen" y agregó que "al otro día se puede votar en el recinto".
"Estamos muy confiados. Esta decisión de la Presidenta le ha sacado un ruido político que tenía la ley porque, si bien desde el punto de vista técnico pueden haber distintas opiniones, era cierto que desde muchísimos lugares se ponía una mirada casi con un manto de sospecha o de doble intención en el espíritu de la ley", expresó.
Asimismo, defendió el espíritu de la iniciativa al señalar que servirá para "ordenar el sistema de radiodifusión en Argentina, para que no existan situaciones monopólicas o situaciones dominantes" y que permitirá "imaginar un sistema audiovisual con una mayor cantidad de voces, mucho más plural, mas democrático".
Finalmente, sostuvo que "las limitaciones desde el punto de vista antimonopólico que tiene la ley son razonables, y eso es más que importante".
Fuente: Página 12
EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA CÁMARA BAJA
Diputados ya debaten el proyecto oficialista que modificó Cristina
Luego de que la Presidente eliminara el artículo de las telefónicas, el oficialismo intenta allanar el camino hacia la aprobación. Gabriel Mariotto, interventor del Comfer, asegura que la "oposición ya no tiene excusas para negarse al debate".
La reunión se realiza en la sala del edificio Anexo y es presidida por el titular de la comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón. (Télam)
Las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda, y de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados están reunidas desde pasadas las 14.30 para discutir el dictamen de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La reunión, que se realiza en la sala del edificio Anexo, es presidida por el titular de la comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón (FPV), y retoma el cuarto intermedio a que había pasado el 3 de septiembre último.
El bloque oficialista propondrá en la reunión un dictamen del proyecto, luego de que la presidente Cristina de Kirchner sacara el artículo que permitía a las empresas telefónicas proveer señales de TV por cable, eliminando uno de los puntos del proyecto más criticados por bloques de la oposición, incluidos aquellos proclives a votar la ley.
Para el jefe la bancada K en la Cámara baja, Agustín Rossi, la decisión "sabia" de Cristina Fernández "allana muchísimo el camino" para lograr una aprobación en el Congreso. En un derroche de confianza, expresó que el ditamen de comsión de firmará "sobre el final del día".
El interventor del Comfer también se dedicó a explicar los motivos del cambio de último momento. Gabriel Mariotto no halló responsabilidades en el Ejecutvio, pero remarcó los intereses de la oposición y la falta de madurez de la sociedad en el debate. "Entendimos que la sociedad todavía no está madura para ese debate, por eso se saca del eje de la discusión con el objetivo de reflexionar acerca de una ley de nuestro tiempo y dejando esta discusión para más adelante", dijo a Radio Rivadavia.
El funcionario explicó que la posibilidad que las empresas telefónicas accedan a licencias de radiodifusión se había incorporado "entendiendo que la convergencia tecnológica es inevitable y que era momento para debatir y reflexionar acerca de este ingreso que es inevitable, pero que no iba a ser inmediato". A la vez, justificó la maniobra con dardos a los críticos del proyectos. "Se les están sacando todas las excusas para que se debata como corresponda en democracia una ley de comunicación". Para Mariotto, la oposición tiene "un solo objetivo: despreciar el tratamiento de la ley y que siga el status quo".
"Hace tiempo que venimos advirtiendo que hay dirigentes de la oposición que quieren hacer aportes para enriquecer el proyecto, y hay otros que son funcionales a los grandes medios que no quieren que se discuta la ley y utilizan excusas para descalificar el momento", señaló el titular del Comfer.
REPERCUSIONES DE LOS CAMBIOS. El anuncio de la Presidente despertó cierta expectativa en las fuerzas de centroizquierda, como el diputado porteño Claudio Lozano (Proyecto Sur), a quien le cayó bien el freno a las telefónicas aunque espera que se rubrique en el plenario de las comisiones.
El socialismo, uno de los bloques que el oficialismo quiere sumar en la votación, definirá su posición después del plenario, donde esperan ver "cómo se plasma en los hechos", ya que se dicen "acostumbrado a que se dice una cosa y se hace otra desde el gobierno", indicaron voceros de ese bloque.
Para el jefe del bloque PRO, Federico Pinedo, "el kirchnerismo está entregando lo secundario para conservar lo principal que es decidir arbitrariamente quiénes serán los dueños de los medios de comunicación por los próximos veinte años" y advirtió que "para mantener este punto central, están dispuestos a demorar el ingreso de las telefónicas".
MÁS CAMBIOS. Tras los anuncios de la Presidente de cerrar de las puertas a las telefónicas para ingresar al negocio del "triple play", la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja, confirmó que también habrá modificaciones en la autoridad de aplicación.
Según reveló la legisladora de Córdoba, los nuevos retoques al proyecto oficial incluirán un cambio en la conformación y en la dependencia que tendrá ese organismo. "Estamos trabajando ese tema y hoy terminamos de incoporar todas las modificaciones sobre la autoridad de aplicación, que se va a sacar de la Secretaría de Medios, como estaba planteada,y va a estar seguramente como entidad autónoma y autárquica, dependiendo de la jefatura de Gabinete", explicó Vaca Narvaja.
En diálogo con radio Del Plata, la diputada cordobesa precisó que la autoridad de aplicación "tendrá también una conformación que de cuenta de la participación de aquellos sectores que lo venían planteando; es decir, la representación de las minorías parlamentarias, del Consejo Federal y también del Poder Ejecutio".
Fuente : Página 12
Comienzan las audiencias en el tribunal internacional
Con olor a Botnia en La Haya
Los representantes de Argentina presentarán los resultados de pruebas ambientales que muestran que la pastera produce “recurrentes episodios de contaminación”. Plantearán que Botnia “compromete seriamente el ecosistema del río Uruguay”.
Homero Bibiloni terminó de revisar el cuantioso informe que Argentina presentará a partir de hoy en La Haya. Acompañado por la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, el secretario de Medio Ambiente será uno de los expositores de las audiencias que a partir de hoy y durante tres semanas tratarán el conflicto con Uruguay por la instalación de las plantas de celulosa. El caso entra de este modo en su etapa final. Las audiencias terminarán el 2 de octubre, pero el máximo tribunal de Justicia de las Naciones Unidas dará a conocer su veredicto recién en unos seis meses. Para Argentina se trata de un momento clave. Tal como informó Página/12, los representantes nacionales harán hincapié en los resultados de pruebas ambientales según los cuales Botnia genera “recurrentes episodios de contaminación” que se manifestaron en la “emanación de olores nauseabundos, la aparición de manchas en el río” y la multiplicación en el agua de algas “en una escala que no registra precedentes”.
Durante la etapa final del juicio por la instalación de la planta de celulosa de origen finlandés, Argentina y Uruguay deberán defender sus posturas con testigos, pruebas y peritos. Como es la demandante, Argentina abrirá las audiencias. La siguiente semana será el turno de Uruguay. Y durante la última semana habrá dos días para que ambos países formulen respuestas a los respectivos planteos, antes de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya cierre las audiencias para pasar a elaborar el veredicto.
La pastera instalada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, está en funcionamiento desde hace un año y diez meses. Según Argentina, Uruguay aprobó el funcionamiento de la planta de modo “unilateral” e “inconsulto”, violando el Estatuto del Río Uruguay, un tratado firmado por ambos países en 1975.
Entre las cargas de pruebas, Argentina sostendrá los términos de la denuncia, según adelantaron los funcionarios, y subrayará las condiciones del Tratado del Río Uruguay. También dará a conocer las evidencias que recogen los organismos de control desde hace dos años, tal como adelantó este diario el lunes pasado. En ese contexto, además de los “recurrentes episodios de contaminación” y de la “emanación de olores”, se hablará de las “explosiones derivadas de accidentes en la operación de la planta”, episodios que se han producido cada vez “con mayor frecuencia desde el último verano”.
Los datos son resultado del Plan de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay, de la Secretaría de Ambiente que recaba datos del estado del aire, agua, flora y fauna desde hace dos años. Los resultados están en manos del tribunal desde el 30 de junio, y el 15 de julio pasado Argentina los presentó en tres copiosos volúmenes con documentos complementarios, informes científicos, documentación diplomática de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), artículos de prensa y denuncias de vecinos de Gualeguaychú. Desde entonces, todo ese material está protegido por un principio de confidencialidad del tribunal, pero cuando comiencen las audiencias se hará público a través de la página web de la Corte.
“La permanencia del proyecto de Botnia” en Fray Bentos, dice Argentina en su Memoria, “compromete seriamente el ecosistema asociado al río Uruguay y sus zonas de influencia”. La “envergadura del emprendimiento –de un millón de toneladas al año– no reconoce antecedentes” y –según advierte– se trata de “una industria que está considerada entre las cuatro más contaminantes del mundo y que ya ha motivado catástrofes ecológicas, como en el caso de Chile”.
En Gualeguaychú, en tanto, los ambientalistas son optimistas. “Veo que los abogados y técnicos de la Argentina tiene muy buenas expectativas, pero siempre en un juicio juegan otras razones y habrá que ver si los argumentos nuestros son bien presentados”, dijo José Pouler, de la asamblea. “Sabemos que tenemos la razón, pero las expectativas deben ser moderadas, como en todo juicio.” La ecologista Alejandra Crimella indicó que “La Haya tendrá que decir indudablemente que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay”, pero agregó: “Tengo dudas de que La Haya vaya a recomendar que Botnia sea desmantelada”.
Un estudio sostiene que muchos suicidios de mujeres podrían ser femicidios
Darse muerte por mano ajena
Un estudio encomendado por el Ministerio de Salud, en el que participaron especialistas de primera línea en violencia de género, sospechan que una alta cantidad de casos informados como suicidios femeninos ocultan inducción al suicidio o femicidio.
¿Un porcentaje significativo de suicidios de mujeres en el país podrían estar relacionados con distintas formas de violencia de género? O dicho de otra forma: ¿pueden esconder homicidios o ser consecuencias de cadenas de maltratos de parte del esposo o ex pareja de la víctima? Con esta inquietante pregunta como disparador, el Ministerio de Salud de la Nación encargó un estudio multicéntrico, en el que participaron especialistas de la UBA, Flacso, la Universidad Nacional de Quilmes y el Hospital Alvarez de la ciudad de Buenos Aires, entre otras instituciones. El trabajo –sobre cuyos alcances Página/12 ya informó– acaba de concluir. “Encontramos pistas para pensar que muchos casos de muertes de mujeres registradas como suicidios se tratarían de femicidios encubiertos”, reveló Ana María Fernández, directora de la investigación y profesora titular de Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología. Para corroborar esa presunción, recomiendan incorporar metodologías innovadoras para indagar sobre violencia de género como las autopsias psicológicas, que analizan vínculos familiares e historia de la víctima.
El estudio se desarrolló en el último año. Su objetivo: relacionar la mortalidad por causas externas de las mujeres como suicidios y homicidios y las violencias de género. Lo dirigió Fernández y la coordinación estuvo a cargo de la profesora de Flacso, Débora Tajer. También participaron la directora del Hospital Alvarez, Diana Galimberti; la directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ana Ferrarotti; Agustina Chiodi, del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos; Sandra Borakievich, de la Universidad de Quilmes; y Susana Ferrín, a cargo del Programa de Salud Escolar de la ciudad de Buenos Aires.
“La violencia de género se debe encuadrar como un problema de derechos humanos, pero también como un problema de salud pública. Las víctimas de violencia de género tienen más problemas de salud, y por lo tanto le cuestan mucho más al sistema de salud. Y su forma extrema produce la muerte”, consideró Tajer. Y destacó que haya sido el Ministerio de Salud el promotor del trabajo a través de su comisión Salud Ciencia y Tecnología (SACyT).
Uno de los puntos de partida del estudio fue analizar las estadísticas oficiales de defunciones violentas de mujeres durante el 2005. Ese año en Argentina se registraron 14.002 muertes por causas externas: 9115 fueron por accidentes (65%), 2993 por suicidios (21%) y 1894 por homicidios (14%). Las investigadoras dejaron de lado los accidentes. Plantean que deben ser objeto de un próximo estudio. Y se dedicaron a bucear en las profundidades de las estadísticas de suicidios y homicidios.
Uno de los hallazgos más significativos fue que las provincias con más suicidios tienden a registrar menos homicidios. Tierra del Fuego, la que más suicidios presenta (37%), registra sólo 9 por ciento de homicidios. Catamarca (32% de suicidios) presenta un 6 por ciento de homicidios. La Pampa posee el menor porcentaje de homicidios en el país (4%), pero el porcentaje de suicidio es alto en relación con el resto. Es similar el caso de Salta, con un 24 por ciento de suicidios, frente a un 6 por ciento de homicidios. El dato es llamativo, indican las investigadoras, porque internacionalmente existe una tendencia en la relación estadística entre la cantidad de suicidios y de homicidios por región, con más peso de la primera causa. “En Argentina, siguiendo la tendencia general, hay casi el doble de suicidios (1,6) que de homicidios en mujeres. Pero encontramos provincias en las que esa proporción no se observa y llega casi a duplicarse o incluso ser aun superior, lo cual es al menos muy llamativo”, señaló Fernández.
–¿Infirien que hay suicidios de mujeres que serían asesinatos?
–Muchas muertes de mujeres –respondió Fernández– que acontecen en el marco de vínculos sentimentales son el último eslabón de situaciones de maltrato, son largas historias de palizas e internaciones, hasta que al final las matan. Tiene que ver con los femicidios. En relación con los suicidios, como saber previo, contamos que muchas mujeres llegan a matarse porque no aguantan más el maltrato, hechos que han sido denominados como suicidios inducidos. En la investigación encontramos buenas pistas sobre una sospecha que teníamos, y es que si a los casos registrados como suicidios se les hiciera una autopsia psicológica con perspectiva de género, encontraríamos muchos antecedentes de violencia in crescendo –siempre es importante en ese vínculo– que nos hace presumir fuertemente que estaríamos en presencia de homicidios encubiertos.
–¿Esa información se le pudo escapar a la Justicia o hubo encubrimiento de parte de los funcionarios policiales o judiciales?
–No hablamos de encubrimiento doloso, que se haya pagado un certificado de defunción o que el aparato judicial esté involucrado. Nos parece que hay un rasgo patriarcal por el cual cuando el marido llama a la policía llorando y dice: “Mi mujer se suicidó”, todo el mundo le cree. Es un encubrimiento donde confluyen imaginarios de género con una lógica patriarcal por la cual no hay que poner en duda lo que dice el marido. Si además esa mujer llevaba varios años de sometimiento a violencia de género y por tanto sufría depresiones, cuadros psiquiátricos que genera la violencia, nadie duda de que terminó suicidándose. Estaríamos en presencia de casos mucho menos contundentes que el de María Marta García Belsunce.
–¿Casos que los fiscales no ven?
–No dudan. En el análisis de las estadísticas nos encontramos con situaciones bastante extrañas. En el sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición, de la OMS, hay un nomenclador de suicidios, el x700, que establece aquellos producidos por “lesión autoinflingida: por ahorcamiento, sofocación y estrangulamiento”. La denominación ya es rara: resulta imposible que una persona se autoestrangule o se autosofoque. Los especialistas en suicidología establecen los modos habituales internacionales de suicidios en mujeres y en varones. En mujeres, arrojarse al vacío, a las vías de un tren o un subte, envenenamiento por plaguicidas domésticos como raticidas o con barbitúricos, y es mucho más raro que recurran a un arma de fuego o al ahorcamiento. Sin embargo, en nuestro trabajo encontramos que en algunas provincias donde no aparecen homicidios por estrangulamiento o ahorcamiento, están sobrerrepresentados los suicidios por esa metodología extraña a las mujeres. También encontramos que en provincias como Catamarca y La Pampa hay casi seis veces más suicidios que homicidios, una proporción que no es la esperable en el país. En Salta, Jujuy y Tierra del Fuego es cuatro veces superior.
Zin: "El 10% de los medicamentos son falsos"
El ministro de Salud bonaerense afirmó que las "posibilidades" de estafar al Estado con remedios son "infinitas". Dijo que la renuncia de Costa estaba decidida.
El ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, afirmó esta mañana que "es muy posible que diez por ciento de los medicamentos" que circula en el país "sea falsificado".
Además, dijo que la droguería San Javier, de la que es titular el detenido Néstor Lorenzo, estaba en una situación "casi delictual", por lo que había advertido a todos los funcionarios de la cartera para que no le compren medicamentos.
Zin hizo estas declaraciones a Radio 10 un día después de desplazar a su subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, luego de que éste quedara involucrado en el caso de la presunta mafia de los medicamentos.
La falsificación de medicamentos es "un delito internacional, pero acá parece que se hace con más saña que en otros lugares. Está en riesgo la vida de la gente", expresó Zin. Al respecto, admitió que "es muy posible que el diez por ciento de los medicamentos" que circula en el país "sea falsificado".
Las "posibilidades de elucubrar situaciones para estafar al Estado" con medicamentos "son infinitas", agregó.
Citó como ejemplo a "droguerías, entre ellas San Javier, que fabrican troqueles, el cartón del envase del medicamento, que se abrocha a la receta para que finalmente pague el Estado, pero contra nada, porque no se suministró ningún medicamento".
Además, también se "venden muestras médicas (gratuitas), o se retocan las fechas de vencimiento", para colocar en el mercado remedios en mal estado.
Sobre la salida de Costa, explicó que se le había pedido la renuncia "la semana pasada, porque su gestión estaba entrando en una meseta".
"Anunciamos el relevo de Costa, iba a ser una transición programada", pero al admitir el funcionario su vínculo con Lorenzo, su salida se adelantó, reseñó Zin.
Según explicó el ministro bonaerense, el funcionario desplazado "no tomó en cuenta" la recomendación de no tejer vínculos con el farmacéutico detenido.
"Les advertí a todos que este grupo estaba en una situación casi delictual. El señor Costa sabía, por supuesto. Les dije a todos. De ahí para adelante fue una cuestión personal correr el riesgo de acercarse a esta gente", concluyó Zin.
En el marco de la investigación que sigue adelante el juez federal Norberto Oyarbide, Costa fue vinculado por el magistrado con la empresa San Javier, de propiedad de Lorenzo, acusada de proveer al Estado y a obras sociales medicamentos adulterados.
Fuente: Critica.com
Nota de Critica en relación a la aclaración de Macri acerca de la supuesta importancia de los chicos pobres en su agenda
HAY 100 MIL MENORES PORTEÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Mauricio aclaró que los chicos pobres sí están en su agenda de gobierno
El macrismo negó que exista "un retroceso" en el sistema de protección de derechos de los menores, tal como adelantó Crítica de la Argentina, y acusó a los trabajadores del sector de "politizar" la situación.
El gobierno porteño negó que exista "un retroceso" en el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y acusó a los trabajadores del sector de "politizar" la situación tras la reubicación laboral de una compañera.La Dirección Ejecutiva del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNYA) manifestó su "desacuerdo" con las declaraciones de empleados del organismo, quienes este lunes, tal como había adelantado Crítica de la Argentina, denunciaron en la Legislatura "un proceso sistemático de destrucción de las políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia".
En un comunicado de prensa, el macrismo salió al cruce de las acusaciones y señaló que los trabajadores tienden a "politizar una situación de reubicación laboral de una de sus compañeras".
"Es falso que el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes haya sufrido retroceso alguno en el ámbito de la Ciudad, en el sentido que, desde la asunción de la nueva gestión, en diciembre de 2007, se han desarrollado una serie de acciones e instrumentación de programas tendientes a aumentar la cobertura y calidad de los servicios para tal fin", indicó.
"El organismo trabaja arduamente buscando la mejora en la calidad de vida de aquellos chicos y chicas que poseen compromiso con las adicciones, tanto desde la prevención, principalmente en zonas consideradas críticas de la Ciudad", completó el comunicado.
Este lunes, los trabajadores denunciaron "un nuevo intento de desplazamiento de personal técnico en el área", en este caso de la directora de la Red de Defensorías". Asimismo, advirtieron que el gobierno de Mauricio Macri "comenzó un proceso sistemático de destrucción de políticas públicas en este sentido, y particularmente, del CDNNyA".
Por ello, iniciaron un cese de actividades y se declararon en estado de alerta y movilización con modalidad de guardia.
Fuente: critica.com
Nota recogida de "LA NACION.COM" acerca de la ola de violencia juvenil.
Alarma por la ola de violencia juvenil
Hubo otras dos peleas a la salida de boliches, con tres heridos; el sábado un adolescente fue apuñalado; Scioli estudia medidas
Jesús A. Cornejo
Corresponsalía La Plata
LA PLATA.- La violencia nocturna en los bares y discotecas de la provincia de Buenos Aires parece no dar tregua. Este fin de semana, tres graves episodios dejaron como saldo un muerto y tres heridos que tuvieron que ser hospitalizados tras participar en peleas en las inmediaciones de boliches.
Uno de los enfrentamientos ocurrió en pleno centro de esta ciudad y fue captado por las cámaras de seguridad del municipio. Las conmocionantes imágenes, ampliamente difundidas por televisión, mostraron el alto grado de violencia y hasta crueldad con que se pelearon los jóvenes. En otro episodio, una decena de rugbiers atacaron a golpes a un patovica que debió ser internado.
A estos dos casos, producidos anteayer, se suma el asesinato de un adolescente de 15 años que en la madrugada del sábado fue apuñalado durante un enfrentamiento a la salida de una discoteca en el partido de San Martín.
Estos graves episodios ocurrieron a pocos días de que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, intentara poner un tope a los horarios de cierre de los bares y boliches, para frenar, así, el recrudecimiento de hechos violentos que en los últimos 25 días se cobraron la vida de tres chicos en Berisso, en Junín y en San Martín.
En diálogo con LA NACION, el vocero de Scioli afirmó: "En la reunión de gabinete [de ayer], el gobernador puso como prioridad resolver el tema de la violencia nocturna". El vocero agregó que Scioli le pidió al jefe de policía que se investigara si el adolescente asesinado en San Martín verdaderamente salía de una discoteca. Y exigió que, si así era, se clausurara el lugar por admitir a un menor. "También pidió una descripción del accionar de la policía en la pelea ocurrida en el centro de La Plata y el resultado de los operativos de control de alcoholemia en la provincia", dijo la fuente.
Rugbiers contra patovicas
Una de las peleas sucedió durante la madrugada del domingo, cuando un patovica le negó el ingreso a una discoteca a un grupo de amigos que pretendían entrar, presuntamente ebrios, en un boliche del Camino Centenario. Tras una breve discusión, los jóvenes atacaron a las trompadas al custodio del local, que tuvo que ser internado en el Hospital Gutiérrez de esta ciudad.
El hecho ocurrió en el local bailable ubicado en el Camino Centenario y calle 511, en las afueras de La Plata, y según consta en la denuncia radicada en la comisaría 6a., unos diez rugbiers habrían participado de la pelea.
El custodio herido, identificado por la policía como Lucas Eduardo Díaz, de 27 años, recibió varios golpes en la cabeza y el rostro. Fue asistido por el propietario del lugar y luego quedó internado en observación hasta la tarde del domingo: ayer, ya había sido dado de alta.
El otro caso, con mayor repercusión mediática, sucedió a las 11.45 de anteayer, en la discoteca céntrica El Siglo (que los domingos por la mañana funciona como after hour ), situada en diagonal 74, entre 46 y 47. Allí se produjo un enfrentamiento entre varios jóvenes.
La pelea creció y se trasladó a la calle. En medio del tránsito, que comenzaba a ser fluido a esa hora de la mañana, hubo corridas, trompadas y patadas. Las cámaras de seguridad del municipio registraron todo y se pudo ver que la peor parte la llevó un hombre calvo identificado como Maximiliano Pastermuk, de 33 años, que quedó desmayado en el piso tras recibir salvajes golpes, incluso en la cabeza, por parte de otros tres jóvenes.
La policía debió solicitar dos ambulancias para asistir a los heridos: Pastermuk y otro joven de 21 años, uno de los agresores, que presentaba lesiones en el rostro y en distintas partes del cuerpo. Pastermuk fue derivado al hospital San Martín y el otro herido, al Gutiérrez, pero al llegar al centro médico, el agresor escapó. Sin embargo, ayer por la tarde, ese joven fue detenido y puesto a disposición de la fiscal penal de turno Ana Medina. La causa fue caratulada como intento de homicidio. La policía, por su parte, buscaba intensamente anoche a los otros dos jóvenes que participaron de la pelea.
Filmaciones
Las cámaras que registraron la pelea servirán a la fiscalía para determinar cómo fueron los hechos que concluyeron con los dos jóvenes heridos. Los equipos de filmación pertenecen a la Municipalidad de La Plata y son de alta definición, ya que tienen un alcance de 300 metros.
Fuentes de la intendencia local indicaron que, hace algún tiempo, estas cámaras fueron colocadas en diagonal 74 debido a la cantidad de bares y discotecas que concentra ese corredor de la ciudad. "En breve, se instalarán nuevas cámaras sobre calle 8, con botones antipático para que cualquier vecino pueda presionarlos y alertar a la Central de Monitoreo en caso de producirse algún hecho delictivo o incidente como el que ocurrió este fin de semana", concluyeron las fuentes comunales.
Impiden cortar la luz a quienes no paguen las facturas con aumento
17:31|Se trata de un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que rechazó presentaciones del Estado y de las empresas.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó hoy que las empresas de energía eléctrica no podrán realizar cortes de luz a quienes no paguen las facturas que hayan llegado con el aumento tarifario en la Ciudad de Buenos Aires.Fuentes judiciales informaron que la Sala V de la Cámara rechazó una serie de presentaciones del Estado, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y las empresas Edenor, Edesur y Edelap contra la imposibilidad de cortar los servicios por falta de pago.
La decisión judicial se conoce después de que se diera marcha atrás con el tarifazo en los dos últimos meses, que abarcó al 100% de los incrementos de junio y julio y el 70% de los de agosto y setiembre.
Los jueces Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany confirmaron un fallo de primera instancia. Sostuvieron que el corte de luz puede dar lugar "a la privación absoluta de la prestación de uno de los servicios públicos esenciales, sin el cual los usuarios afectados quedarían sumidos en una situación de verdadera menesterosidad social, pues la supervivencia de la sociedad moderna es virtualmente inconcebible sin acceso a tales servicios".
La causa la inició la Defensoría del Pueblo de la Nación contra el Ministerio de Planificación y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, por las resoluciones que autorizaron aumentos de tarifas eléctricas y anularon los beneficios para quienes consumieran menos de 1000 kwh por bimestre.
La Defensoría denunció que hubo incrementos del 110 al 400 por ciento, aunque en la causa el Ministerio de Planificación sostuvo que las resoluciones "no contienen estrictamente un aumento de tarifas, sino una disminución equitativa, justa y proporcional de los subsidios solventados con los recursos de toda la población".
Los jueces confirmaron que no podrá haber corte de luz al explicar que en este tipo de causas lo que debe primar "es la protección del derecho más vulnerable". Los camaristas explicaron que con su resolución no se pronunciaron sobre la validez o no de los aumentos, ya que para eso "deberá esperarse el dictado de la sentencia definitiva".
Por último, el tribunal sostuvo que "a los usuarios afectados por los incrementos se les debe permitir que paguen el importe de las facturas, calculadas de acuerdo con el régimen tarifario anterior al dictado de las resoluciones administrativas impugnadas, con el carácter de pago a cuenta y hasta tanto se dicte la sentencia definitiva que ponga fin a esta causa".
En tanto, ayer se supo que el Gobierno pretende que las empresas le comuniquen al usuario, antes de la próxima facturación, que las boletas (tanto las de luz como las de gas) llegarán con aumento. Los aumentos, que treparon en algunos casos al 300%, abarcan a quienes consumen más de 1.000 kilowatts/hora por bimestre.
Luz y gas: el Gobierno quiere avisar a los usuarios que vuelve el tarifazo
Se lo pidió a las distribuidoras, que consideran "inviable" la estrategia. Buscan "descomprimir" eventuales protestas luego de las subas.
Para el retorno del tarifazo en los servicios de luz y gas que está agendado para el próximo mes, el Gobierno quiere aplicar el clásico dicho popular que dice: "el que avisa no traiciona".Mientras las empresas eléctricas y gasíferas se están poniendo al día con las refacturaciones, desde el ministerio de Planificación de Julio De Vido ya comenzaron a trabajar en la restitución de los polémicos aumentos que fueron suspendidos en forma transitoria entre junio y setiembre.
La intención oficial es que ésta vez la aplicación de las subas para los usuarios de medianos y altos consumos no tome a nadie por sorpresa. Para lograr ese objetivo, los autoridades de Planificación quieren implementar un esquema de información previa a los clientes hogareños que recibirán las boletas con aumentos.
Según la iniciativa que están delineando los técnicos del ENRE y del Enargas, todos los usuarios residenciales que incrementen sus consumos y se pasen a las categorías tarifarias alcanzadas por los incrementos deberán ser notificados de esa nueva situación antes de que reciban las facturas.
Si bien aún faltan definir los detalles y los aspectos operativos de esta "señal de alerta", las empresas ya advirtieron que este cambio presenta numerosas dificultades para ser llevado a la práctica.
Los técnicos de las distribuidoras advirtieron que se debería crear un programa informático especial que detecte todos las alteraciones de consumo y diagramar un nuevo sistema de distribución de las notificaciones que elevarían en forma considerable los costos administrativos y operativos.
Con esta iniciativa y el perfeccionamiento del listado de los usuarios que quedarán excluídos de las subas, el Gobierno quiere reducir al máximo la posibilidad de reclamos y evitar que la cuestión del tarifazo vuelva a convertirse en una bandera de la oposición.
Tras los acuerdos que cerró De Vido con la UBA (Universidad de Buenos Aires) y la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), desde la semana pasada personal de esas casas de estudios comenzaron un nuevo relevamiento de los usuarios de gas de la Capital y el Conurbano que ya fueron excluidos y de aquellos que reúnen los requisitos para poder solicitar ese beneficio. Para ser exceptuados de los aumentos, el titular del servicio tiene que ser un jubilado con ingresos mínimos o figurar como beneficiario de planes sociales.
Por el lado del servicio eléctrico, la tarea de identificar a los que deben quedar al margen de las subas fue transferida por el ENRE a los municipios bonaerenses. En este caso, los requisitos principales para zafar del tarifazo son no tener gas natural, ni agua corriente.
Acorralado por los reclamos de los usuarios, las demandas judiciales y la presión del Congreso; el Gobierno decidió a principios de agosto ponerle un freno a los fuertes aumentos que había autorizado a fines del año pasado.
Para descomprimir la situación, De Vido armó una salida transitoria que consiste en la suspensión total de los aumentos que estaban previstos para los consumos de los meses de junio y julio. Y una suspensión parcial del 70% de las subas se tenían que cobrar en el período agosto-setiembre.
Según los cálculos oficiales, esta medida tendrá costo fiscal por restablecimiento de subsidios de 493 millones de
En un mes, si el Gobierno no vuelve a dar marcha atrás, las subas de hasta el 300% respecto a 2008 regresarán a las facturas sin ninguna clase de restricción.
Los dirigentes del agro dicen que mantener la protesta más allá del viernes sería una “irracionalidad muy alta”
Ya no es lo que era la protesta ruralista
La Mesa de Enlace justificó el nuevo lockout argumentando que estaba siendo muy difícil contener a “las bases”. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora por la medida de fuerza abrieron el debate entre sus dirigentes.
La semana pasada la Mesa de Enlace justificó la convocatoria a un nuevo lockout contra el Gobierno argumentando que estaba siendo muy difícil contener a “las bases” luego del veto presidencial a la eliminación de retenciones en 22 distritos bonaerenses. Sin embargo, la medida de fuerza cumplió su cuarto día y la movilización de los productores viene siendo escasa. Los dirigentes rurales son conscientes de la situación, por eso, más allá de la inactividad registrada en los mercados de granos y carnes, ayer dejaron en claro que la protesta termina el viernes, aunque formalmente lo decidirán mañana. “Yo no sé si va a ser útil o no va a ser útil, pero fue necesario, no nos quedó otro camino”, aseguró Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural, para defender el “paro”. Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, coincidió al remarcar que “prolongar la medida nos pondría a todos en una situación de irracionalidad muy alta”.
El Mercado de Liniers operó ayer sólo con 33 animales, evidenciando un fuerte contraste con los ingresos regulares de los lunes, cuando los remates se realizan con 3500 ejemplares. El destino de cargas para exportación también está paralizado. Desde el viernes no ingresan camiones en ninguna de las 22 terminales portuarias ubicadas sobre el Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, en el Gran Rosario. Tampoco hubo actividad en las Bolsas de Cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca y los Mercados a Término de Buenos Aires, así como al ROFEX rosarino. En esos ámbitos sólo operó el mercado electrónico.
Los ruralistas resaltaron estos datos como una muestra del supuesto éxito de la medida de fuerza, pero lo cierto es que son pocos los productores que se animan a enviar ganado y cereales en medio de la protesta por temor a las represalias de sus pares más exaltados. Por lo tanto, el termómetro más preciso del malestar chacarero suele ser la gente que se reúne en las distintas movilizaciones. La protesta viene siendo débil en ese aspecto. Por eso los empresarios dejaron en claro que si no hay sorpresas de último momento el viernes termina.
“Estamos en una protesta necesaria, con un absoluto acatamiento, que permite demostrarle a la sociedad el nivel de desquicio de este gobierno. Si se fuera a prolongar, podría seguir habiendo acatamiento, pero nos pone a todos en una situación de irracionalidad muy alta”, sostuvo Buzzi. La apuesta del federado es finalizar el lockout con un acto en La Plata para repudiar al gobernador Daniel Scioli.
“El señor Scioli hasta acá actuó como felpudo de Néstor Kirchner, como la alfombra que les tapizó el territorio para que Kirchner se mueva por todo el conurbano. Era un títere del hasta ese momento presidente del PJ”, indicó. Buzzi resaltó también que Scioli “en algún momento fue a la Rural a decir ‘yo le voy a explicar a la Presidenta’, como que de pronto descubría que había problemas para los productores, pero cuando hubo un pequeño instrumento que aliviaba a los productores, se alió con la Presidenta”. “Es una persona funcional al Gobierno nacional. En La Plata los bonaerenses deberían hacer una movilización para desenmascarar actitudes como ésta”, prosiguió. Cerca de Scioli no cayó nada bien la jugada de Buzzi y ayer su ministro de Gobierno, Eduardo Camaño, le respondió en duros términos. “Es evidente que este hombre ahora defiende a los poderosos. Buzzi se ha convertido en el felpudo de los pooles sojeros”, aseguró devolviendo gentilezas.
La decisión final sobre la marcha a La Plata la tomará la Mesa de Enlace mañana, pero los dirigentes consultados por este diario confirmaron que hay consenso en torno de la propuesta de Buzzi. Las mayores resistencias podrían surgir de Carbap, paradójicamente una de las entidades más duras. Eso es porque su titular, Pedro Apaolaza, mantiene una buena relación con Scioli.
El principal interrogante es cómo seguirán después del viernes. La mayoría de los dirigentes coinciden en que la mejor opción es retomar las negociaciones para tratar de obtener mejoras graduales mientras esperan la llegada de los nuevos legisladores que asumirán el 10 de diciembre y que prometieron impulsar una baja de retenciones.
La creación de la Secretaría de Integración Nacional, comandada por María del Carmen Alarcón, es vista con expectativa en ese contexto. Sin embargo, ayer Biolcati le restó trascendencia públicamente. “Hemos visto tanta gente acercarse con buenas intenciones, con cierta ingenuidad, pensando que va a tener el ámbito de autonomía suficiente para encauzar esta situación, que uno se pone escéptico”, dijo. Luego cuestionó que se siga vaciando de funciones a la Secretaría de Agricultura. “Ya prácticamente no existe. No entendemos por qué funcionan así las cosas”, comentó. Además, la emprendió contra la Oficina de Control Comercial Agropecuario. “Tiene un presupuesto que pasó de 21 millones de pesos a 3700 millones, pero esa suma no se traduce en subsidios al sector”, agregó aunque evitó cerrar la puerta del todo al referirse a Alarcón. “Siempre es mejor que haya alguien que entiende del tema, a uno que no entiende”, concluyó. Ese parece ser la puerta que irán a golpear los sojeros una vez que concluyan con su octavo lockout.
